Compra del voto y corrupción: reciprocidad o coacción
Esta entrada pretende mostrar cómo distintos estudios con un enfoque antropológico sirve para analizar uno de los problemas de corrupción más relevantes en México: la compra del voto. Estos estudios aportan una mayor comprensión a las definiciones tradicionales o clásicas de la corrupción, que no logran capturar por completo el fenómeno. Para los propósitos de este escrito insertaré la compra del voto dentro del concepto de corrupción política, que Transparencia Internacional define como: “manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.”[1]. Y como bien se relaciona al ámbito electoral:
“[l]a compra del sufragio es una forma de corrupción política que le permite al partido gobernante buscar mantenerse en el poder, incrementando las posibilidades de lograrlo por medios ilegítimos e ilegales; y a los partidos de la oposición llegar al poder mediante instrumentos inaceptables aumentado las oportunidades de «arrancarle» el poder a los actuales gobernantes por medios no legales.” Gómez Vilchis
Para entender la magnitud, causas y consecuencias de la compra del voto, Székely apunta a que se trata el principal problema en materia electoral en México [2]. Un estudio realizado por Wayne Cornelius del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la Universidad de California-San Diego mostró que, en las elecciones del año 2000, de acuerdo con distintas encuestas, hubo una variabilidad porcentual del 4.7% al 26.1% de votantes expuestos a alguna forma de manipulación para la compra o coacción del voto[3]. Con datos más actuales Beltrán y Cornejo señalan que, de acuerdo con la Encuesta Nacional Electoral CIDE-CSES en la elección presidencial de 2012, 27% de los electores encuestados reportaron haber recibido algún obsequio a cambio de su voto, y en la elección intermedia de 2015, el 51% de los votantes reportaron está práctica.
En las elecciones de 2018 una encuesta de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza reveló que el 33.5% recibió una oferta de compra de voto. Asimismo, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 (ENCUCI) del INEGI mostró que 5.7% de los mexicanos le fue condicionado algún programa social a cambio de su voto. Como se puede apreciar, la práctica de la compra de votos se mantiene como un problema público que, a pesar del cambio democrático en el país y de modificaciones en la reglamentación y normativa para castigar de forma más severa, no ha disminuido[4]; en cambio, ha evolucionado y sus formas se han sofisticado.
Al respecto, Schedler apunta que para que la compra de votos sea un mecanismo efectivo de movilización electoral se requiere, por una parte, un constante monitoreo y coacción del comprador, o bien por normas sociales mediante las cuales el vendedor se siente obligado a cumplir con el acuerdo. Con base en ese análisis, el cumplimento de la expectativa de la compra de votos se puede presentar en dos formas. La primera es la del monitoreo y coacción a través de la intimidación. La segunda basada en las normas sociales de la reciprocidad. Cuando se trata de regalos, ayudas o favores la norma social nos dice que debe existir una reciprocidad, no así con los derechos.
La evidencia parece indicar que, en estos casos, la norma de reciprocidad es más relevante para los sujetos que otras normas que permean menos en la comunidad, por ejemplo, vender un derecho o libertad, conceptos más abstractos o lejanos. Un dato relevante para apoyar esta hipótesis son los resultados de la ENCUCI 2020, que reveló que 25% de los mexicanos no sabe o no ha escuchado sobre lo que es la democracia, es decir, un cuarto de la población en México no está familiarizado con este concepto, por tanto ¿Qué importancia tiene su voto sobre un beneficio que puede recibir de inmediato, frente a un posible beneficio futuro que la experiencia le ha mostrado que es bastante incierto?
En una etnografía realizada por Turid Hagene en San Lorenzo Acopilco, de la entonces delegación de Cuajimalpa de 2003 a 2012 muestra evidencia de cómo el clientelismo está fuertemente arraigado en la vida cotidiana de la comunidad estudiada, incluso es algo esperado de sus integrantes. No se tiene certeza de qué porcentaje de la compra de votos utiliza la intimidación y el monitoreo para asegurarse del cumplimiento del acuerdo y cual se basa más en un principio de reciprocidad, aunque una hipótesis sería que cuando se trata de regalos, dádivas, o incluso las tarjetas de débito, opera con mayor frecuencia el segundo principio.
Con base en los estudios realizados sobre el comportamiento del clientelismo en México resalta el concepto de reciprocidad. La antropología presenta a la reciprocidad como una norma social que mantiene cierta estabilidad en un sistema social, por ejemplo, Malinowski nos habla del principio de reciprocidad, una de sus principales tesis, que señala que las personas se deben obligaciones, puesto que hay una dependencia mutua que se realiza mediante arreglos equivalentes de servicios recíprocos. Gouldner va más allá, y define a la reciprocidad como una norma moral que al menos se configura en dos formas: la primera se refiere a que las personas deben ayudar a aquellos que les ayudaron; la segunda es que las personas no deberían perjudicar a aquellos que les ayudaron. Esta normal moral opera en casi todas las culturas.
Con base en los resultados y conocimiento generado desde el enfoque antropológico sobre la corrupción y la compra de votos, una hipótesis de cómo funciona este clientelismo electoral es que ocurre dentro de un contexto donde la norma social de la reciprocidad funciona para quienes reciben un regalo (bienes o dinero) a cambio de otorgar su voto como agradecimiento. Sin embargo, como lo documentan varios investigadores, llama la atención que existe un sentimiento anti clientelista entre los mexicanos que saben que vender su voto no es correcto y genera más corrupción. No obstante, aún es una práctica normalizada. Esta aparente contradicción puede verse reflejada en el estudio realizado por Gupta sobre la relación de la ciudadanía con el Estado en la India, y la construcción del discurso de la corrupción en la opinión pública, por lo tanto, lo que permea en la ciudadanía y lo que se considera corrupción. En este sentido, se documenta cómo, a pesar de que la ciudadanía condena a la corrupción, en las transacciones diarias es una práctica que permea y es esencial en las interacciones cotidianas entre la ciudadanía y el Estado.
Esta contradicción puede ayudarnos a entender de mejor de qué forma los discursos dominantes y normativos de la corrupción que se insertan en la opinión pública son un tanto ajenos a las realidades sociales de los ciudadanos que día a día se encuentra con distintos tipos de corrupción en sus transacciones cotidianas con el gobierno. Estas relaciones están regidas por códigos informales donde lo público y lo privado se mezclan, y la división es difusa, poco clara. Es decir, para muchos ciudadanos su primer contacto con el Estado seguramente estuvo relacionado con algún acto de corrupción tan normalizado, que probablemente ni siquiera fue identificado por el ciudadano como tal. Por ejemplo, este caso de la compra del voto que puede ser visto como un acto de social justo o necesario que poco tiene que ver con la corrupción o un acto ilícito.
En conclusión, el clientelismo electoral y la compra del voto, como se ilustró anteriormente, es una practica un tanto normalizada, que en algunos casos puede operar bajo el principio de la reciprocidad y que, aunque es condenada por la ciudadanía, sigue sucediendo. El enfoque antropológico nos aporta más información para conocer los contextos, las relaciones, los valores y demás aspectos relevantes cuando sucede este acto de corrupción, que pueden ser de utilidad para diseñar políticas públicas integrales que busquen minimizar o erradicar gradualmente la práctica, en detrimento de las medidas punitivas actuales que no han sido tan efectivas.
Guadalupe Alvarez Rascon es estudiante de la Maestría en Administración y Política Pública del CIDE.
Referencias
Beltrán, U., & Castro Cornejo, R. (2019). La activación clientelar del electorado en México. Entre compra de votos y comunicación política. Política y gobierno, 26(2), 171–204.
Cornelius, W. A. (2002). La eficacia de la compra y coacción del voto en las elecciones mexicanas de 2000. Perfiles Latinoamericanos, núm. 20, junio, 2002, pp. 11–31.
Gómez Vilchis, R. (2021). Percepción de la compra del voto y desconfianza del votante mexicano. Revista Polis México, 17(1), 107–127. doi:https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/polis/2021v17n1/Gomez
Gómez Vilchis, R. R. (2019). Impacto de la redes sociales en la percepción ciudadana sobre la compra del voto en México. Revista Mexicana de Opinión Pública, 1(28), 37. https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2020.28.68479
Gouldner, A.W. (1960) The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement. American Sociological Review, 25, 161–178. https://doi.org/10.2307/2092623
Gupta, A. (1995). Blurred boundaries study on the state through corruption discourse. In American ethnologist (Vol. 22, Issue 2, pp. 375–402).
Hagene, Turid (2015). El lenguaje ritual y su uso político: evidencia de un pueblo originario en el Distrito Federal, México. Nueva Antropología, XXVIII(82),11–30
Olvera, D. (2018). El 33.5% en el país recibió ofertas por su voto, pero no afectará la presidencial, dicen observadores. Sin Embargo. https://www.sinembargo.mx/27-06-2018/3434395
Schedler, A. (2004). “El voto es nuestro”. Cómo los ciudadanos mexicanos perciben el clientelismo electoral (Citizens Resent Clientelism. On the Moral Economy of Vote Trading in Mexico). Revista Mexicana de Sociología, 66(1), 57. https://doi.org/10.2307/3541531
Trejo, L. J. (2021). Corrupción: La comprensión del concepto multifacético desde diferentes enfoques. La política anticorrupción mexicana a revisión 2012–2021. Gestión y Política Pública (Vol. 30, Issue 3). https://doi.org/10.29265/gypp.v30i3.960