Violencia, Estado, y razón de Estado: El México de la guerra contra el crimen organizado
Violencia
“Nuestros animales, nuestras huertas, nuestras tierras, todo se quedó abandonado”, se queja un habitante de la localidad de Palmas Altas, en el municipio de Jerez, Zacatecas, quien junto a su familia se ha visto obligado a abandonar su residencia debido a presiones de parte del crimen organizado. Desafortunadamente el suyo no es un caso aislado, sino que forma parte de una estadística que, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, incluye a alrededor de 45 mil personas procedentes no sólo de Zacatecas, sino también de Estados como Michoacán y Guerrero, entre los más afectados.
Lo anterior es tan solo una parte del clima de violencia que cotidianamente se vive en varias regiones del país, con diferentes grupos del crimen organizado enfrentándose entre ellos y, a veces, también con el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional. Se trata de una historia cuyo origen podríamos quizá remontar al 11 de diciembre del 2006, cuando el entrante presidente Felipe Calderón declaró que su administración haría un operativo militar contra el crimen organizado para acabar con la violencia en algunas entidades federativas del país, concretamente en Michoacán, que se fue ampliando tanto en territorio como en magnitud durante todo su sexenio[1]. Desde entonces se desató una violencia creciente, con tasas de homicidios dolosos que cada año fueron más altas que el anterior[2].
El problema parece bastante obvio: tenemos grupos delictivos que, como bandidos errantes operando en anarquía (Olson, 1993), buscan apoderarse de la riqueza producida por otras personas. La solución parece también clara: necesitamos que los bandidos errantes sean sustituidos por bandidos estacionarios, siguiendo la terminología de Olson. En otras palabras, lo que debería ocurrir es que el Estado, usando los recursos públicos, garantice el estado de derecho. Douglas North y sus coautores (2013), agregarían que el problema es que no hemos logrado construir instituciones que persuadan a los bandidos de los beneficios de la paz y la cooperación. Se trata de una sociedad en la que “el potencial de violencia está latente: las organizaciones generalmente se abstienen de usar la violencia la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente encuentran en ella una herramienta útil para alcanzar sus objetivos. Estas sociedades viven a la sombra de la violencia” (2013, pp. 1–2).
En ese tipo de sociedades las instituciones se crean en gran medida para mantener la violencia bajo control, para asegurar rentas económicas o políticas a las organizaciones con capacidad de utilizarla de modo que se abstengan de hacerlo. Muy frecuentemente, esas instituciones o arreglos son de carácter informal o personal, lo que significa que la solución de conflictos entre las organizaciones involucradas en esos arreglos se debe hacer también personal o informalmente. En el caso particular de México, Viridiana Ríos (2013) explica que entre los factores que explican el incremento en la violencia se encuentra el descabezamiento de distintas organizaciones criminales, que ha creado problemas por la sucesión y fragmentación en organizaciones más pequeñas, justamente porque las relaciones entre ellos son de carácter personal e informal. Se crea entonces un caos porque las antiguas cuotas de mercado no están garantizadas, y hay incentivos a pelear por acaparar nuevas cuotas y por suceder en el liderazgo.
Estado
Max Weber definió al Estado como una “comunidad humana que (exitosamente) reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza física (o sea, la violencia) dentro de un determinado territorio” (1946 [1919]), y entonces en un sentido weberiano podríamos decir que México es un “Estado fallido”, o si se prefiere, un Estado no consolidado. Por su parte, Michel Foucault (2007) argumentó que el Estado se va construyendo por la acción de gobernar, de modo que gobernar es actuar de tal forma que el Estado pueda llegar a ser sólido y permanente. Gobernar es construir el Estado, y entonces podríamos imaginar un continuo en el que los Estados se encuentran más o menos consolidados. Además, Foucault parece concordar con la teoría de sistemas, y ve al Estado como un sistema propio. “El estado solo existe para sí y en relación consigo mismo, cualquiera que sea el sistema de obediencia que deba a otros sistemas como la naturaleza o Dios”. Es decir, el Estado se ha logrado diferenciar de su entorno.
El Estado se encarna en una serie de maneras precisas de gobernar y en instituciones correlativas a ellas. Primero, por el lado económico, está el mercantilismo, como práctica que busca enriquecer al Estado y mantenerlo en competencia con otros Estados. Segundo, la gestión y regulación interna (a la que Foucault denomina el Estado policía); y tercero, un ejército y diplomacias permanentes.
Ese Estado se autolimita así mismo. No busca expandirse y convertirse en “el imperio del último día”, acabando así con la historia. Por el contrario, busca mantenerse sin llegar nunca a una posición de inferioridad con otros Estados. En esta empresa se limita al exterior, pero no al interior. El Estado policía es ilimitado, creciente.
Ahora bien, dentro de esta perspectiva, ¿Cómo ha de ser el arte de gobernar bien? Si gobernar es crear el Estado, entonces la buena gubernamentalidad es aquella que permite consolidarlo, que lo hace más rico, más fuerte. Esa racionalidad es lo que Foucault llama “razón de Estado”, que antes del siglo XVIII estaba definido por una lógica jurídica. La gubernamentalidad se definía como buena o mala dependiendo de si las acciones implementadas eran o no correspondientes al soberano: el territorio, los impuestos, los aranceles. Todo versaba en torno a hacer notar, hacer valer, y quizá reforzar, la soberanía.
Pero en el siglo XVIII, argumenta Foucault, surgen limitaciones internas al Estado. Son limitaciones de hecho que, no obstante, no son impuestas al Estado, sino reconocidas por él mismo. Son limitaciones no en el sentido de lo que “no puede hacer el Estado al interior” (porque, como ya se dijo, en ese aspecto el Estado es ilimitado), ni en el sentido de “si el Estado traspasa ese límite, recibirá algún castigo”. No es así. Más bien, se trata de limitaciones reconocidas por el propio Estado sobre lo que no hay que hacer para llegar a los objetivos que el propio Estado se ha trazado. Foucault denomina a esto “razón gubernamental crítica”, y gira en torno a “cómo no gobernar demasiado”. En pocas palabras, se trató del redimensionamiento del Estado, de la redefinición de sus tareas esenciales.
De acuerdo con Foucault, lo que permitió el cambio de la racionalidad gubernamental en el siglo XVIII fue la economía política, entendida como tal desde los fisiócratas. La idea es que, a diferencia de la racionalidad gubernamental anterior, basada en el derecho, la racionalidad actual se basa en la economía política porque ésta nunca pretendió cuestionarse sobre la legitimidad de las decisiones del Estado, sino solo en sus efectos. Y en ese sentido se presenta como una herramienta para los fines del Estado. Una herramienta que le permite identificar sus limitaciones internas, y que da un marco racional y técnico dentro del cual evaluar las acciones gubernamentales.
Razón de Estado en el México de la guerra al crimen organizado
Como argumenta Olson (1993), los bandidos errantes destruyen los incentivos a invertir o producir, lo que afecta la economía de esas localidades y, entre otras cosas, genera más pobreza, desigualdad, y reduce los impuestos que se pueden recabar. El impacto no se limita sólo a una escala local. Conocemos de primera mano cómo el precio de productos como el limón y el aguacate se han incrementado por episodios violentos en las localidades donde se producen, además de que los desplazamientos forzados de las poblaciones generan presiones en algunas otras ciudades que deben recibir a las personas refugiadas. También se sabe que la inseguridad tiene repercusiones en el turismo, los costos de los seguros, la inversión, etc. Es un problema que afecta a todas y todos en diferentes ámbitos de la vida.
En la actualidad, es un hecho generalmente aceptado que la guerra que el gobierno desató contra el crimen organizado es en gran medida una de las causas de la violencia rampante y sus nefastas consecuencias. Entre otras cosas, esto nos obliga a preguntarnos ¿Por qué el gobierno decidió iniciar esa guerra? ¿Cuál es la racionalidad, la razón de Estado, si es que la hay, bajo la que se explica esa decisión?
Michel Foucault murió en 1984, justo en la época en que el neoliberalismo del que tanto habló en El Nacimiento de la Biopolítica retomaba ímpetu a nivel mundial en los prolegómenos de la desintegración de la Unión Soviética y la globalización. Sin duda, en su época parecía que a nivel mundial se consolidaba con más firmeza la idea del mercado como fuente de verdad, de la economía como principal herramienta para la toma de decisiones gubernamentales, y del Homo Aeconomicus como fundamento, como átomo irreductible, de la racionalidad. Sin embargo, 38 años después tenemos decisiones gubernamentales que parecen tomadas con una anti-racionalidad económica.
La guerra contra el crimen organizado no hace más rico al Estado. No lo hace más fuerte. Tampoco reconoce el problema desde un punto de vista económico, esto es, partiendo de los incentivos (intereses en la terminología de Foucault) que genera la racionalidad individual de los miembros del crimen organizado, los elementos de las fuerzas públicas, los consumidores de productos prohibidos, entre muchos otros actores involucrados. La guerra al crimen organizado, y particularmente al narcotráfico, parece entonces un remanente de una racionalidad gubernamental previa al siglo XVIII.
Antonio Rojas Canela es estudiante del Doctorado en Políticas Públicas del CIDE.
Referencias
Badillo, D. (2022). En México no solo hay desplazados por violencia; ahora se multiplican los expulsados por la delincuencia organizada. El Economista.
Foucault, M. (2007). El nacimiento de la biopolítica: curso en el College de France 1978–1979. Argentina: Fondo de Cultura Económica
North, D., J. Wallis, S. Webb y B. Weingast (2013). In the Shadow of Violence. Politics, economics, and the problems of development. UK: Cambridge University Press.
Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. American Political Science Review, 87(3), 567–576.
Ríos, V. (2013). Why did Mexico become so violent? A self-reinforcing violent equilibrium caused by competition and enforcement. Trends in Organized Crime, vol. 16, No2, 138–155.
Weber, M. (1946[1919]). Politics as a vocation. New York: Oxford University Press.
[1] En el 2007, el gobierno de Calderón tuvo 80 combates con grupos del crimen organizado; 349 en el 2008; 436 en el 2009; 1027 en el 2010 y 1442 el año 2011, según datos del Programa de Política de Drogas del CIDE.
[2] De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hubo un alza sostenida en dicha tasa durante el sexenio de Calderón, y una tendencia a la baja en los tres primeros años del de Peña Nieto. Desde entonces la tasa ha seguido creciendo. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/victimas-nueva-metodologia?state=published